Monterrey, Nuevo León, 10 de julio de 2020. Las decisiones que está previendo el Gobierno de Nuevo en el tema del transporte público, en un intento por reducir los contagios de Covid-19, estarían profundizando la crisis de movilidad que se ha vivido en Nuevo León en los últimos años.
Este jueves el Gobierno anunció acciones para limitar a los trabajadores a moverse únicamente en transporte privado contratado de manera obligada por las empresas como medida para bajar los niveles de contagios. Una estrategia que no resuelve de fondo el problema y sus rezagos.
Recordamos que al día de hoy, las empresas transportistas no operan con el número de unidades ni las frecuencias suficientes de acuerdo con los términos a los cuales están obligadas por su permiso. Esta situación nunca fue atendida oportunamente, y hoy en día provoca los amontonamientos, aumenta las posibilidades de contagio, y afectaría nuestro derecho a la movilidad, garantizado en el artículo tercero de la Constitución.
Nos preocupa que la toma de decisiones no parece estarse realizando en base a evidencias sólidas. Por un lado se contradice la medida que quiere imponer el estado con sus propias estadísticas, según las cuales solo el 16% de los contagiados usaban el transporte público. ¿Existe un verdadero análisis de patrones de contagio que permita tomar decisiones informadas de política pública? ¿Cuáles son las medidas enérgicas del estado y los municipios para regular el acceso al transporte a personas que no porten un cubrebocas?
Las consecuencias sociales y económicas de la medida que pretende establecer la autoridad estatal evidencia además un profundo desconocimiento de las dinámicas sociales y económicas de nuestro estado. Aunado al intento de incrementar en 20% las tarifas para los usuarios del transporte público en el horario de 23:00 a 5:59 horas.
Es preciso aclarar que el Gobierno estatal carece de las facultades legales para obligar a los empresarios a contratar un servicio de transporte privado de personal, y evade su obligación de garantizar una movilidad sustentable y el derecho de todo ciudadano a “acceder a un transporte público de calidad, digno y eficiente”.
En Consejo Cívico hacemos público nuestro rechazo a estas ocurrencias del Ejecutivo estatal. Tras años de estar a “prueba” y hundiendo al transporte público, instamos al Gobernador a buscar personas capaces y profesionales que puedan dar respuestas reales a esta crisis de la movilidad.
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