“El Supremo Poder de la Federación se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial…” Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 49.
El artículo previamente citado recoge la Teoría de la Separación de Poderes de Montesquieu, convertida históricamente en un dogma en los Estados modernos; sin embargo, la iniciativa de reforma a la Constitución Federal respecto del Poder Judicial, presentada por el Ejecutivo Federal el 5 de febrero de 2024, a discutirse por la LXVI Legislatura que entra en funciones el 1º de septiembre de 2024, pone en riesgo la efectiva separación de poderes, al comprometer la independencia e imparcialidad judicial.
La función del Poder Judicial debe ser independiente de las mayorías en un sistema democrático constitucional, donde el poder político reside en ellas y está limitado únicamente por la Constitución. Los jueces deben mantener esta independencia para asegurar el respeto a los límites establecidos por nuestra Carta Magna, incluso cuando sus decisiones puedan contravenir los intereses políticos o las preferencias de las mayorías que los eligieron.
Si los juzgadores son elegidos por voto popular o dependen de la ratificación electoral, existe el riesgo de que consideren las preferencias de los electores al decidir los casos que ante ellos se tramiten, en lugar de basarse exclusivamente en los hechos y el derecho aplicable al asunto. Esta situación sería natural, ya que los miembros del Poder Judicial tenderían a buscar la aprobación de sus electores para mantenerse en sus cargos. Por esta razón, pretender legitimar a los jueces mediante elecciones populares podría comprometer la independencia judicial y la correcta aplicación de los límites establecidos por nuestra Constitución y las leyes que de ella emanan.
La iniciativa en los términos propuestos trae consigo otro problema significativo: Podría afectar la imparcialidad en los procedimientos judiciales.
Al depender los jueces del voto popular para su elección o ratificación, existe el riesgo de que sientan una presión indebida para alinear sus decisiones con las preferencias de los electores o de los grupos políticos que los respaldaron. Esta situación podría comprometer su capacidad para interpretar y aplicar la ley de manera objetiva, y además generaría una percepción pública de que las decisiones judiciales están influenciadas por consideraciones partidistas o ideológicas, en lugar de basarse en un análisis jurídico imparcial.
Por tanto, aunque la intención de democratizar la elección de jueces pueda buscar aumentar la legitimidad y la transparencia del sistema judicial, también plantea desafíos significativos para mantener la imparcialidad y la independencia judicial, fundamentales para el Estado de Derecho.
Otro factor que afectaría considerablemente la imparcialidad e independencia judicial es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, este nuevo órgano tendría la responsabilidad principal de supervisar el adecuado funcionamiento de los órganos jurisdiccionales en todo el país, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que actualmente ostenta como el más alto tribunal en nuestro sistema judicial. Los criterios para imponer sanciones disciplinarias constituyen cláusulas ambiguas que amenazan la seguridad jurídica de los jueces y podrían propiciar abusos.
Asimismo, la falta de posibilidad de apelar las decisiones del Tribunal de Disciplina vulnera el derecho humano de la libertad personal de recurrir toda resolución judicial, consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos, sin que pueda este derecho restringirse por la simple razón de que la sanción haya sido impuesta a un impartidor de justicia.
Por todo lo anterior, es indudable que la reforma al Poder Judicial atenta contra la separación de poderes que debe existir en un Estado moderno, y por otro lado sería mucho más eficiente mejorar instituciones como las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República donde solamente el 4% de las carpetas de investigación se judicializan -según la asociación México Evalúa; asignar presupuesto e infraestructura a la creación de nuevos órganos de justicia; abrir los exámenes de oposición al público en general; especialización y preparación de órganos de los poderes judiciales federales y locales; así como realizar un real fortalecimiento de las defensorías públicas, acciones todas ellas que verdaderamente contribuirían a una mejor procuración e impartición de justicia, sin vulnerar la independencia e imparcialidad judicial.
*El contenido de esta editorial representa la opinión de su autor, y es independiente a la opinión de Consejo Cívico