Monterrey, Nuevo León, a 23 de octubre de 2018. Para la sociedad civil organizada, es evidente que el Poder Judicial del Estado tiene prioridades equivocadas de cara a los retos que implica reducir de forma drástica la impunidad en Nuevo León, en donde deberían estar concentrados todos sus esfuerzos y gastos.
Esta preocupación viene luego de los recientes cuestionamientos realizados en diversos medios de comunicación locales al Poder Judicial de Nuevo León, en torno:
- Al otorgamiento de gratificaciones millonarias a 5 ex-empleados que renunciaron de manera voluntaria.
- Aparente nepotismo en los nombramientos que se realizan en el seno de esta institución.
- Compras de vehículos de lujo para los magistrados y otorgamiento de bonos de gasolina con montos exorbitantes.
Consideramos que para el Consejo de la Judicatura, el Presidente de este órgano, y todos sus empleados, la prioridad debe ser que Nuevo León salga de la posición 17 de 32 estados de la República, con un grado de impunidad muy alto dentro del Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) 2018 de la UDLAPD.
Lo anterior refleja los serios problemas existentes en el estado con respecto a los sistemas de procuración de seguridad e impartición de justicia. Por ejemplo, IGI-MEX 2018 reporta que en Nuevo León sólo existen 2.5 magistrados y jueces por cada 100 mil habitantes, mientras la media nacional es de 3.5, lo que representa una insuficiencia y por ende un mayor grado de impunidad.
Citamos tal cual este estudio:
- “Asimismo, el porcentaje de encarcelados por homicidio entre homicidios en averiguaciones previas iniciadas es de 18.9% frente al 27.5% de media nacional. (…)”.
- “Por otra parte, el porcentaje de encarcelados por robo entre robos en averiguaciones previas iniciadas es muy bajo, es decir, del total de robos en averiguaciones iniciadas solo el 8.8% son encarcelados por este delito, una cifra muy baja, pero no muy alejada de la media nacional, la cual es del 10.3%”.
- “Un aspecto de gran importancia y que es el que permite que exista un alto grado de impunidad en el estado de Nuevo León es la insuficiencia de personal en los tribunales y cárceles, y esto afecta negativamente al sistema de seguridad y de justicia del estado antes que la ineficiencia o un mal desempeño de los jueces y magistrados”. https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/IGI-MEX_digital_nuevoleon.pdf
Desde la ciudadanía organizada hacemos un llamado al Poder Judicial a que ajuste sus prioridades, porque no consideramos que destinar montos millonarios para indemnizar a empleados que renuncian de manera voluntaria, el uso excesivo de combustibles o arrendamiento de vehículos de lujo o blindados, abone a tener mayor efectividad o eficiencia para abatir la impunidad.
Exhortamos también a que se busque ser un órgano transparente, que se establezcan metas ambiciosas en base a estos índices o estudios elaborados por terceros confiables, con el fin de que se vean claramente las mejoras y los logros de este órgano, de cara a una reducción sensible de la impunidad en nuestro estado.
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