Monterrey, Nuevo León, a jueves 16 de mayo de 2019. Desde la pasada Legislatura, la Coalición Anticorrupción ha presentado iniciativas a las Leyes secundarias del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Al haberse obtenido pocos resultados y aprovechando la coyuntura electoral del 2018, promovimos la Agenda #NLsinCorrupción con los candidatos a diputaciones, para que se comprometieran a aprobar las leyes secundarias al SEA dentro de un calendario preestablecido y siguiendo mejores prácticas.
Reconocemos el esfuerzo de la actual legislatura por trabajar en conjunto con la sociedad civil organizada. Tan es así, que algunas propuestas de la Coalición Anticorrupción fueron admitidas e incluidas por el PAN en la Ley de Responsabilidades Administrativas, como la inhabilitación de particulares vinculados con hechos de corrupción para ser servidores públicos. Sin embargo, varias de nuestras propuestas, que tienen como objetivo permitir un combate integral a la corrupción y mejorar varios aspectos de la ley federal, fueron descartadas por los diputados sin una justificación jurídica clara.
Lamentamos que la Ley de Responsabilidades Administrativas votada este miércoles en el Congreso, haya excluido las siguientes propuestas ciudadanas:
1) La obligación de los candidatos a puestos de elección popular de entregar su 3 de 3. A pesar de que esta obligación está incluida en la Constitución, los diputados la hicieron a un lado. Con ello la Coalición proponía dotar de herramientas a las autoridades para investigar los enriquecimientos inexplicables durante las campañas políticas, que como lo hemos observado a lo largo y ancho del país ocurre de manera recurrente. No existe un argumento convincente de parte de los diputados: simplemente se rechazó en el seno de algunas bancadas.
2) La facultad de atraer la investigación de casos por la Auditoría del Estado, cuando se detecten riesgos de conflictos de interés, falta de imparcialidad, alteración de pruebas o intimidación de testigos, entre otros. Se realizó esta propuesta por parte de la Coalición, para dar mayor transparencia e imparcialidad a las investigaciones de presuntos casos de corrupción. Los casos que mejor ejemplifican esto son el “Cobijagate” y la recaudación de firmas por servidores públicos en horario laboral para apoyar la candidatura de Jaime Rodríguez a la campaña presidencial, que hasta ahora han quedado impunes.
3) Inclusión del concepto de “EXPERIENCIA RELEVANTE” para garantizar que los particulares que participen en contrataciones públicas acrediten su capacidad para proporcionar los servicios o bienes requeridos. Esto evitaría precisamente que empresas “fantasma” o con actividades distintas a las que se está contratando, puedan participar en licitaciones o contratos públicos. Si la intención de los diputados realmente estuviera encaminada al combate a la corrupción, no se entendería el rechazo a este concepto.
Resultan incomprensibles, además, algunas disposiciones que los diputados agregaron a la Ley, las cuales, en lugar de promover el combate a la corrupción, es posible que la fomenten, además de que afectan gravemente los derechos ciudadanos.
Lo más grave en este sentido, es que la nueva Ley obliga a particulares contratados por cualquier ente público, o que sean concesionarios o permisionarios de un servicio público, a presentar su declaración 3 de 3, como si fueran servidores públicos.
Solicitar la declaración 3 de 3 a los particulares que participen en concursos de la administración pública, es una medida excesiva y posiblemente ilegal, pues representa una intromisión a su vida privada, violando el derecho humano a la privacidad y la protección de los datos personales de los mexicanos e incluso de extranjeros que no viven en el país, pero que trabajan o son accionistas en una empresa trasnacional. Este tema fue discutido intensamente a nivel federal en el 2015 y rechazado por el propio PAN, concluyendo en un veto presidencial que incluyó un juicio de ponderación de derechos. Adicionalmente, nos preocupa que este requisito desincentivará a particulares honestos a prestar servicios o vender productos a gobierno.
Seguimos de cerca el trabajo de las comisiones y la discusión en Pleno. Reconocemos que los diputados han avanzado en un compromiso firmado en campaña con la ciudadanía, aunque con casi un año de retraso. Sin embargo, el contenido de la reforma queda a deber, y no nos queda más que constatar que a pesar de que Nuevo León tiene una Constitución innovadora y de vanguardia en materia anticorrupción, los diputados optaron por una Ley de Responsabilidades Administrativas que insuficiente en el combate a la corrupción y la impunidad, y que resguarda intereses gremiales.
¿Quedará el compromiso de seguir impulsando las reformas aún pendientes? ¿o la ciudadanía de Nuevo León se debe resignar al status quo en materia de combate a la corrupción?