Monterrey, Nuevo León, a 19 de marzo de 2020. Para la Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia (RMPV) es necesario atender la violencia que viven las mujeres en Nuevo León a través de un esquema de colaboración desde la óptica de la prevención social para garantizar acciones con perspectiva de género en todos los programas y proyectos implementados por las instancias gubernamentales.
Los días 8 y 9 de marzo, las mujeres hicieron historia en México, primero marchando desde las principales ciudades del país, y posteriormente con un paro nacional en el que participaron 7 de cada 10 mujeres, según cálculos de diversas instituciones. Las mujeres reclamaron un México seguro para todos; una solución al problema de los feminicidios, así como a todos los tipos de violencia y abuso que sufren 6 de cada 10 mujeres en México.
Después de la marcha y del paro, necesitamos trabajar arduamente para poder cumplir esta expectativa de soluciones. Hoy en día la única manera de poder resolver la violencia de género que persiste en México es mediante una colaboración entre sectores, desde un enfoque de prevención.
De acuerdo con la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU en Nuevo León, el delito de violencia familiar constituye el 86.16% del total de delitos cometidos contra mujeres. Y el 89% de las llamadas de emergencia están relacionadas con incidentes de violencia hacia las mujeres.
Asimismo, la encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2018 (INEGI), señala que 1.2 millones de mujeres mayores de 15 años en Nuevo León han enfrentado violencia de cualquier tipo, y de cualquier agresor, alguna vez en su vida. Mientras que de los 194 feminicidios registrados de 2013 a 2019, sólo el 22% de los casos se ha resuelto con alguna condena, según datos de la Fiscalía de Justicia del Estado.
La Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia (RMPV) considera necesarias las siguientes propuestas para garantizar un avance sostenido en la atención de la violencia de género en Nuevo León:
- A los gobiernos, estatal y municipales, les corresponde establecer políticas orientadas a la prevención de la violencia y no sólo de contención del delito, adoptando prácticas basadas en evidencia sólida, y monitoreando los resultados obtenidos.
- Integrar de manera transversal la perspectiva de género mediante acciones concretas dentro de los programas, proyectos y normativas gubernamentales en todos los niveles de gobierno y las instituciones.
- Garantizar que las dependencias encargadas de la prevención cuenten con personal especializado y exclusivamente enfocados en atender programas de prevención de la violencia, capacitados constantemente con enfoque de género y derechos humanos.
- A la Fiscalía, le compete la apertura del Centro de Justicia para las Mujeres, que tiene casi 3 años de retraso.
- Garantizar un Sistema de Justicia Integral, que no solo se enfoque en las sanciones, sino que también de seguimiento tanto a las víctimas y como a la persona imputada.
- Restituir los fondos asignados para el acceso a la justicia de las mujeres.
- Apertura de una Puerta Violeta en todos los municipios metropolitanos, y de manera estatal en las regiones de Nuevo León.
- Pedimos al Congreso local etiquetar un porcentaje mínimo del impuesto a casas de apuestas para programas municipales de prevención de la violencia de género.
- Aprobación de protocolos que prevengan, atiendan y sanciones acoso en las universidades e instituciones educativas por parte de los rectores y directores de estas instituciones, con un acompañamiento de la SEP y del Instituto Estatal de las Mujeres.
- Al sector empresarial le compete impulsar la implementación y el reconocimiento de igualdad de oportunidades en los centros de trabajo, como una forma de no discriminación hacia las mujeres, con acciones previstas en la NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación.
- A la iniciativa privada, contar con espacios de contención y vinculación para sus colaboradores víctimas de violencia de género o familiar.
Desde la Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia (RMPV) urgimos a las instancias responsables a asumir estos retos. Creemos que los próximos meses serán clave para poder evidenciar si existe un verdadero compromiso con el cambio de las instituciones, de todos los sectores, para acabar con la violencia contra las mujeres y niñas.
