Monterrey, Nuevo León a 27 de julio de 2020. En diciembre de 2015, cuando Jorge Galván González fue designado por el Congreso como el titular de la Auditoría Superior de Nuevo León, la ciudadanía expresamos nuestra esperanza que su perfil fuera el idóneo para supervisar el gasto público de las administraciones estatal y municipales y en su caso investigar las irregularidades que fueran encontradas.
A casi cinco años, no solo persisten los casos de corrupción sin que existan denuncias de por medio, sino que vemos como la Auditoría Superior del Estado, pareciera manejarse más por la conveniencia de las autoridades en turno que por buscar una fiscalización de las cuentas públicas con resultados impecables.
Además, como si esto fuera poco, recientemente el personal de la Auditoría Superior del Estado recibió un aumento en la nómina.
En 2018, un grupo de ciudadanos pedimos a Jorge Galván una investigación puntual sobre el caso del presunto desvío de recursos del erario estatal para la promoción y campaña política de Jaime Rodríguez a la Presidencia de la República. A la fecha el auditor no parece haberse involucrado, y no conocemos avances de la denuncia, pese a que tiene atribuciones para investigar dichas irregularidades.
En el contexto de emergencia sanitaria en que vivimos, la ciudadanía organizada percibe una falta de liderazgo e iniciativa para fiscalizar las compras públicas de los municipios y el estado a través del esquema de asignación directa, precisamente porque otra de sus facultades es hacer revisiones en tiempo real del gasto público.
A través de los medios de comunicación, hemos tenido conocimiento de posibles casos de corrupción durante la pandemia del Covid-19; por ejemplo, que la empresa Construcciones GV de Monterrey -cuyos dueños son padres de un funcionario del DIF estatal- recibió un cuantioso contrato. A pesar de que el caso fue ampliamente difundido, se desconoce si el auditor le ha dado algún tipo de seguimiento.
Para evitar posibles casos de corrupción es imperativo que las autoridades en materia de fiscalización tengan un mayor control en el gasto público y se cuente con una vigilancia ciudadana permanente.
Desde Consejo Cívico exigimos al auditor general del estado que demuestre a la ciudadanía que su trabajo está siendo efectivo para acabar con la corrupción y la impunidad, por lo que pedimos un reporte completo sobre el estatus de las investigaciones iniciadas en su gestión.