Monterrey, Nuevo León a 12 de agosto de 2020. La decisión de la Auditoría Superior del Estado (ASE) de fiscalizar solamente 38 de las 151 cuentas públicas del Gobierno estatal, organismos autónomos y municipios de 2019 bajo el argumento de que el Covid-19 ha impedido asumir su responsabilidad, refleja la incompetencia y falta de compromiso de su titular Jorge Galván González, considera la Coalición Anticorrupción.
Es claro que la pandemia ha afectado las actividades de todos los sectores. La sociedad civil, el sistema educativo y la iniciativa privada han tenido que tomar medidas extremas y demostrar su capacidad de innovación, adaptación y resiliencia para hacer frente a las difíciles condiciones impuestas por el Covid-19.
Sin embargo, estas circunstancias también sacan a relucir aquellos oportunistas del servicio público que siguen dependiendo del erario, dinero que paga la ciudadanía con sus impuestos, como es el caso de la Auditoría Superior del Estado, que de marzo a la fecha ha encontrado en la pandemia un sinfín de excusas por no hacer su trabajo de revisión de las cuentas públicas y desarticulación de redes de corrupción.
En innumerables ocasiones, la Coalición Anticorrupción ha cuestionado y señalado la ineficiencia, falta de liderazgo e incapacidad de Jorge Galván. Sin embargo, la inactividad del Congreso estatal ha mantenido al Auditor en un puesto para el que es evidente que no tiene la capacidad que exige.
La complicidad del Congreso del estado queda al descubierto, cuando ni siquiera cita al Auditor a comparecer y rendir cuentas por su ausencia de resultados, y menos por las “vacaciones” prolongadas que la propia ASE se autorizó hace cinco meses. Y esta situación nos lleva a cuestionar: ¿a quién beneficia que el auditor no fiscalice ni investigue los actos de corrupción en Nuevo León?
Y cuestionamos una vez más: ¿qué resultados ha tenido Jorge Galván en 5 años? Ya que la ciudadanía no conoce ningún resultado ni avance en investigaciones realizadas por la Auditoría. Y mucho menos en el caso del desvío de recursos públicos para la recolección de firmas en apoyo a la campaña de Jaime Rodríguez, en donde, no obstante las denuncias ciudadanas que se han presentado, la Auditoría se ha mantenido al margen de una responsabilidad que tiene la obligación de asumir.
Asimismo, la emergencia actual sigue generando oportunidades de corrupción en el sector público, y eso implica que la ASE debería revisar, de acuerdo con sus facultades, el ejercicio del gasto, pero si no cumple con lo mínimo que la ley le marca, la ciudadanía no puede confiar en que esté revisando el correcto uso de los recursos públicos en esta contingencia.
La Coalición Anticorrupción considera que, si en estas circunstancias la Auditoría no ha sido capaz de innovar y adaptarse para realizar su trabajo, debería regresar los recursos públicos que le fueron asignados para que se redirijan a las áreas donde realmente son necesarios para enfrentar las consecuencias de la crisis sanitaria.
La ciudadanía organizada reitera -una vez más- la exigencia de que Jorge Galván renuncie al cargo ante su falta de resultados, o que los diputados lo destituyan para elegir a un profesional competente. De lo contrario, la rata de la corrupción continuará feliz, engordando a sus anchas en la Auditoría Superior y en el Congreso del Estado.