A propósito de las encuestas que con frecuencia realizan diferentes medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas en torno a las principales preocupaciones de los ciudadanos de cara a los próximos meses y años, dos temas suelen aparecer casi siempre en los primeros lugares: economía y seguridad.
No es para menos. Sin empleo —formal y bien remunerado—, sin un mercado interno vigoroso y una economía en crecimiento, libre de procesos inflacionarios, poco o nada se puede realizar en las aspiraciones de los proyectos de vida de los ciudadanos, y de sus familias. Lo mismo se puede decir en relación a la seguridad. Sin la preservación de su integridad física, la protección de su patrimonio, y la búsqueda de la garantía necesaria para el ejercicio de sus derechos, la autorrealización de las personas y la consolidación de la paz social son solo quimeras.
En Nuevo León, de acuerdo a cifras oficiales, durante los últimos meses se han incrementado algunos delitos, principalmente homicidios y robos a personas, negocios y de vehículos. Lo anterior, aunado a la creciente incidencia en materia de violencia familiar —donde nuestro estado se sigue ubicando en los primeros lugares a nivel nacional—, trae como consecuencia que la seguridad, desde hace tiempo, sea una preocupación permanente para los ciudadanos.
Desde luego, esta situación no escapa al ámbito nacional. Desafortunadamente, las violencias y los delitos de alto impacto no ceden en buena parte de la República. Con datos del propio gobierno federal, se puede observar un aumento sostenido en homicidios, extorsiones y violencia feminicida en varias regiones y entidades federativas. Además, no se debe perder de vista el control o influencia de organizaciones criminales sobre algunos gobiernos locales (estados y, sobre todo, municipios), tal como lo sugieren recientes investigaciones periodísticas.
Con estas ideas en mente, llegamos a la época electoral. Han pasado ya más de 45 días de campañas, donde candidatas y candidatos prometen —una y otra vez— soluciones mágicas y seductoras, pero poco concretas y asequibles.
Como lo escribió hace algunos días Ernesto López Portillo, coordinador del programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, si miramos hacia atrás en cada elección local, es casi imposible encontrar, en materia de seguridad, propuestas de campaña serias, fundadas en el conocimiento científico y en la experiencia de gobiernos y sociedad. Una muestra de esto es la ausencia, casi permanente, de diagnósticos concretos y propuestas basadas en evidencia (https://bit.ly/3xyCOhp). Además, claro, de la siempre proclive aspiración de candidatas y candidatos al llamado populismo penal. Una fórmula que ha probado, una y otra vez, su fracaso: aumentar las penas no se traduce en menos delitos.
En el tema de la seguridad esta situación es particularmente sensible y, aunque suene contradictorio, peligrosa. Más allá de la idea común de más patrullas, más cámaras y, desde luego, más policías, las y los candidatos deben expresarse en lo adjetivo.
«Aumentar las penas no se traduce en menos delitos.»
¿Cómo proponer la contratación de dos mil policías en un periodo de doce meses? ¿Con qué recursos se realizará esta odisea? ¿Cómo exigir —acaso con razón— el regreso de la totalidad del territorio municipal al ámbito de la policía local, sin un plan de transición adecuado que garantice el desarrollo policial y la salud de las finanzas públicas? ¿Cómo asegurar que la prevención de las violencias y el delito, más allá de la retórica, sean una realidad en términos de políticas públicas que se puedan evaluar? ¿Cómo institucionalizar las buenas prácticas en materia de inteligencia social para reducir delitos y faltas administrativas? ¿Cómo incorporar mecanismos para evaluar la efectiva coordinación entre agencias y gobiernos, más allá del discurso simple y la celebración de convenios de colaboración que solo sirven para la fotografía y el recuerdo? ¿Cómo enfrentar un fenómeno tan complejo como la violencia familiar y, específicamente, la violencia de género, en medio de un ambiente de violencia política hacia las mujeres? ¿Cómo medir la idoneidad del sistema penitenciario y la eficacia de la reinserción social, sin advertir el tema de la reincidencia, el respeto a los derechos humanos y la evaluación de entidades externas a los gobiernos?
La reivindicación de la vía local como la única que permitirá tener de regreso, y de manera prolongada, la seguridad y la paz social, pasa por responder puntualmente a estas preguntas. El debate, en medio de un ambiente altamente polarizado, se debe centrar en los cómo, no solo en los qué. Se dice fácil.