El espacio de la sociedad civil es amplio, diverso e inagotable. Cualquier esfuerzo privado con fines públicos expresa el dinamismo de la sociedad civil. Dentro de ese espacio tan amplio están aquellos esfuerzos que han decidido institucionalizarse. Por institucionalización entendemos el proceso de formalización legal (personalidad jurídica), de estructuración interna para la toma de decisiones, de administración de los recursos y de transparencia y rendición de cuentas. En este texto nos referimos a este último sector que bien podríamos identificar como instituciones de la sociedad civil.
La labor de estas organizaciones es mundialmente reconocida. Producto de su propia actividad de servicio a la sociedad y de interlocución con los entes de gobierno en los diversos países del mundo, estas organizaciones son un complemento y un acompañante necesario y fundamental del sistema de Naciones Unidas. Ahí donde hay democracias más consolidadas, estas OSC son reconocidas y apoyadas, su existencia y labor son una expresión de la salud democrática de esos países. Ahí donde prevalecen lógicas autoritarias y de captura del estado por intereses privados, la labor de estas organizaciones es poco conocida por la clase política, son vistas con recelo, o de plano, como un peligro para sus intereses. Existen índices internacionales donde se monitorea a cada país respecto a la apertura y fomento de estas organizaciones1. México aparece como un régimen político restrictivo y represivo, con sobrerregulaciones legales y fiscales que inhiben su crecimiento y consolidación.
El trabajo de estas organizaciones tiene como trasfondo y fundamento el enfoque de derechos humanos, tanto de los derechos civiles y políticos como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Su aporte lo sintetiza bien una declaración intergubernamental sobre cooperación internacional:
“Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) cumplen una función vital posibilitando que la población reclame sus derechos, promoviendo el enfoque de derechos, ayudando a configurar políticas y alianzas para el desarrollo y fiscalizando su puesta en práctica. También proporcionan servicios en ámbitos complementarios a los estatales2”.
ALIANZA DE BUSAN PARA LA COOPERACIÓN EFICAZ AL DESARROLLO
https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
Planteamos que, si bien el reconocimiento de estas organizaciones es ya un hecho, aún queda la construcción de un reconocimiento de derecho. Que en cada país y en particular en México se reconozca plenamente su carácter de entidades de interés público, con lo que implica en términos de derechos y obligaciones. En México dimos un paso importante en ese sentido, con la promulgación de la Ley de Fomento a las Actividades de las Organizaciones de la Sociedad Civil en 2004. Pero esta ley sigue siendo ignorada y violentada al emitir otras disposiciones, en particular las disposiciones fiscales. Esta tendencia se ha recrudecido con la actual administración federal, misma que ha incrementado las restricciones y ha desarrollado un discurso explícito de descalificación y estigmatización, todo envuelto en propósitos loables como “que los recursos lleguen directo a la población, sin intermediarios”, o el de “combatir la corrupción” o “combatir la evasión fiscal”, o “combatir el lavado de dinero”. Propósitos con los que las organizaciones se identifican plenamente. El problema está en las medidas que generalizan y que, indiscriminadamente, terminan afectando la labor de todas las organizaciones. En este sentido, el Grupo Internacional de Acción Financiera, organismo intergubernamental que regula las políticas de combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ha emitido una recomendación3 relacionada con las organizaciones sin fines de lucro, que explícitamente advierte sobre esas medidas generalizadas, de talla única, que afectan su labor y recomienda, primero hacer análisis de riesgo y segundo, establecer medidas focalizadas y proporcionales en el grupo específico que esté expuesto a ese riesgo.
«Ahí donde prevalecen lógicas autoritarias y de captura del estado por intereses privados, la labor de estas organizaciones es poco conocida por la clase política, son vistas con recelo, o de plano, como un peligro para sus intereses.»
Las instituciones de la sociedad civil, pese a este entorno restrictivo, continúan tanto su labor de servicio a la sociedad, como la construcción de un entorno de fomento que favorezca su quehacer. En México identificamos al menos ocho rutas de acción que se están impulsando desde diversos espacios de articulación:
- Acciones de más información y capacitación jurídica y financiera-administrativa para que las organizaciones fortalezcan su capacidad institucional para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes del país.
- Acciones de mayor articulación para responder de manera coordinada a las medidas restrictivas y construir enfoques alternativos. Se están dando crecientes acercamientos entre diversas redes, coaliciones e instituciones para este propósito.
- Acciones de defensa jurídica, entre ellas la promoción de amparos y acciones de inconstitucionalidad frente a medidas que transgreden los derechos establecidos en nuestra Constitución.
- Acciones de mayor diálogo y coordinación con las agencias y fundaciones de cooperación internacional para fortalecer los argumentos de por qué es importante el financiamiento de estas organizaciones y de todos los mecanismos de supervisión que ya existen en el ecosistema de la cooperación.
- Defensa del espacio cívico y el entorno favorable teniendo como eje los derechos civiles y políticos de la ciudadanía y los derechos de las organizaciones como personas morales.
- Acciones de mayor comunicación hacia sectores más amplios de la población, buscando informar y sensibilizar a diversos públicos que no conocen o conocen poco de la función de las organizaciones.
- Promoción de leyes estatales de fomento. Recientemente se logró la aprobación en Chihuahua y Nuevo León y con ello este marco legal ya está en 24 estados.
- Acciones para promover la autorregulación del sector. De hecho, ya existen disposiciones libremente asumidas en diversas redes e instituciones. Se puede dar un paso más y avanzar hacia un código ético y una carta de principios del desempeño institucional de las OSC, a nivel nacional.
Es una lástima que el gobierno federal, con el que se comparten visiones, desperdicie la oportunidad de una colaboración que redundaría en bien del país y en la consolidación de la democracia.
1 https://monitor.civicus.org
2 https://www.oecd.org/dac/effectiveness/49650200.pdf
3 https://www.cfatf-gafic.org/index.php/es/documentos/gafi40-recomendaciones/414-recomendacion-8-organizaciones-sin-fines-de-lucro