- Nuevo León carece de una Política Estatal de Prevención social de la Violencia.
- Desde la Legislación es necesario aclarar la responsabilidades de los actores involucrados y adecuar el marco a la actualidad.
- Se necesitan presupuestos que den soporte a la atención multisectorial y sistémica de la violencia en NL.
Monterrey, NL, 28 de junio de 2022. En Nuevo León es necesario que la Ley Prevención Social de la Violencia atienda las necesidades del contexto actual, clarifique la confusión institucional que prevalece al interior del gobierno estatal y promueva la atención multisectorial y sistémica de la violencia, coincidieron académicos y especialistas en el tercer Diálogo por la Paz.
Para analizar el papel del Congreso en el evento organizado por Consejo Cívico, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y la Barra Mexicana de Abogados, participaron Diego Martínez, Director de Análisis Estratégico del Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Estatal; Jessica Vera Carrera, coordinadora académica de Posgrado Facultad de Derecho y Criminología de la UANL; Miguel Valdés Alvarado, presidente de la Barra Mexicana de Abogados Capítulo Nuevo León; Sandra Alanís Zapata, integrante de la Red Multisectorial para la Prevención de la Violencia en representación del sector privado-FEMSA; y el diputado Daniel González Garza, integrante de la Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso.
En Nuevo León, desde 2016 se aprobó la ley de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana del Estado. Sin embargo, a la fecha no existe una política Estatal de Prevención, y tampoco se han logrado impulsar estrategias integrales y transversales en la materia.
Al analizar los elementos vigentes de la legislación, una de las áreas de oportunidad es que en la actualidad no existen esquemas de coordinación ni continuidad de las estrategias de prevención de las autoridades, y mucho menos atienden las complejidades actuales y los efectos del confinamiento por la pandemia.
Y si bien la Ley ofrece insumos valiosos para contar con un órgano administrativo; debe existir un Consejo que marque las directrices, dé seguimiento a acuerdos y genere evidencias. Con el inicio de la nueva administración se ha identificado una duplicidad de funciones entre las Secretarías estatales, lo cual es el principal impedimento a un liderazgo claro con rendición de cuentas sobre resultados y una visión sistémica.
Para consolidar el Plan para la Prevención Social de la Violencia del estado deben asignarse los presupuestos necesarios en la propuesta de Egresos 2023, para que los niveles estatales y municipales cuenten con áreas de prevención social de la violencia, equipos multidisciplinarios y presupuesto para la operación de sus proyectos.
En Nuevo León, la Red Multisectorial para la Prevención Social de la Violencia integrada por organizaciones de la sociedad civil, academia, iniciativa privada y el sector público, colabora permanentemente en la generación de análisis multidisciplinarios desde la perspectiva técnica, operativa y de incidencia que contribuyan a enriquecer el Plan para la Prevención Social de la Violencia, y reiteraron su disposición para atender los retos de la Ley de Prevención Social.
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