- En el Consejo Cívico nos oponemos a cualquier iniciativa que destruya la democracia y sus instituciones en nuestro país como es el “Plan B” de la reforma electoral.
- El “Plan B”, ya aprobado, tiene afectaciones serias para el sector social al ser parte de un conjunto de estrategias que ha estado promoviendo el presidente de la república para fomentar el autoritarismo en diferentes rubros
En el Consejo Cívico nos oponemos a cualquier iniciativa que destruya la democracia y sus instituciones en nuestro país, en aras de servir a intereses políticos, lejanos a los de la ciudadanía, como es el caso de la segunda iniciativa del presidente de la República para llevar a cabo una reforma electoral, llamada el “Plan B” que ya ha sido votado a favor por mayoría en la cámara de diputados.
Es muy importante que, como sociedad civil, conozcamos sus implicaciones para la destrucción de la democracia en nuestro país.
La Cámara de Diputados aprobó dos iniciativas del presidente en materia político–electoral que reforman más de 450 artículos en cinco leyes: General de Instituciones y Procedimientos Electorales; General de Partidos Políticos; General de Comunicación; General de Responsabilidades administrativas, y Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral (abrogando la vigente).
Las acciones aprobadas del Plan B:
- Se merma la capacidad operativa del INE para organizar elecciones con certeza y calidad. Si bien es cierto hay margen de reducción burocrática del INE, la magnitud del mandato de la reforma es excesivo y se debe realizar antes del 1° de agosto de 2023. La eficacia del Instituto para integrar e instalar más de 160 mil casillas durante las elecciones federales se vería afectada.
- Se debilita la figura del consejero presidente: se desaparece la Junta General Ejecutiva y en su lugar se crea una Comisión de Administración, integrada por cinco consejeros. Esto politizará la implementación de los acuerdos del Consejo General y les dará a los consejeros electorales un papel ejecutivo deformando su papel de supervisión.
- Se restringe la capacidad sancionatoria y regulatoria de las autoridades electorales. La falta de sanciones generará impunidad y elecciones sin piso parejo.
- Se debilita la autonomía presupuestaria del INE: propone que todos los recursos del Instituto estén expresamente etiquetados en el PEF, con lo cual se pierde capacidad operativa e independencia frente al Congreso.
- Se expande la capacidad propagandística de los servidores públicos. Las declaraciones de todos los servidores públicos, incluidas las del presidente, pueden hacerse durante las campañas.
- Premio a los aliados: para que la reforma fuera aprobada, de último minuto se incluyeron peticiones del PT y PVEM para: a) transferir votos entre partidos políticos que presentan candidatos comunes mediante un convenio lo que significaría que en 2024 garantizarían su registro porque Morena les asignará el porcentaje de votación necesario; b) los partidos podrían guardar dinero no gastado en el ejercicio, en vez de devolverlo a la Tesofe; y c) se flexibilizan las causales de pérdida del registro de los partidos políticos.
Las implicaciones políticas son:
- Se acrecenta el riesgo de conflictividad hacia 2024: se espera que el gobierno asuma una postura de abierto proselitismo para garantizar el triunfo de sus candidatos.
- Estrés político y organizacional para el INE: el Instituto deberá iniciar un proceso de reorganización interna que por definición será conflictivo, la organización de la elección de Edomex y Coahuila en el 2023 y los preparativos del proceso electoral de 2024.
FUENTE: Consultoría Integralia. Comunicación diciembre 2022.
Consideramos que estas acciones tienen a corto, mediano y largo plazo afectaciones serias para el sector social ya que estas reformas son parte de un conjunto de estrategias que ha estado promoviendo el presidente de la república para fomentar el autoritarismo en diferentes rubros, disminuyendo cada vez más el papel y la influencia de la ciudadanía en la actividad social y política del país.
Lanzamos un llamado a la sociedad civil organizada de Nuevo León para estar atenta y unida para levantar la voz en defensa de la democracia y la lucha ciudadana. Recordemos que los avances democráticos del país se han construido desde la ciudadanía desde hace más de 30 años, no podemos retroceder en este camino que tanto ha costado al pueblo de México forjar: una democracia fuerte y autónoma.
