Monterrey, Nuevo León. A 1 de mayo de 2024. Las y los diputados de la Septuagésima Sexta Legislatura terminarán su Período Ordinario de Sesiones con un rezago legislativo histórico y sin nombrar al Fiscal General de Justicia.
Nos preocupa que a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya emitido una resolución que cierra la controversia entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo con respecto al proceso de selección, eliminando así el impedimento que subsistía en este proceso, el Poder Legislativo no ha asumido su mandato constitucional y no ha culminado el proceso de nombramiento. Por ende, podemos decir que no se ha acatado la decisión de la Suprema Corte, lo cual pone en entredicho el estado de derecho en nuestro estado.
Las circunstancias actuales de un proceso electoral y el constante pleito entre poderes en Nuevo León, ha incluso perturbado el adecuado funcionamiento del Congreso del estado, que prácticamente no tuvo sesiones de Pleno en los últimos meses. El Periodo Ordinario de Sesiones ya culminó y, como lo establece la Constitución, no se puede proceder a nombramientos en periodos extraordinarios. Por lo cual, la selección de fiscales y de un auditor para el estado quedarían en suspenso hasta el 31 de agosto de 2024.
En este escenario, la prioridad absoluta de quienes sean electos este 2 de junio debería ser concluir los nombramientos pendientes en sus primeras semanas de trabajo, como muestra de compromiso con la legalidad y con los ciudadanos y ciudadanas de Nuevo León.
Nuevo León se merece al frente de la Fiscalía de Justicia a un titular nombrado, que demuestre su compromiso de salvaguardar la autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad y respeto a los derechos humanos. Desde la sociedad civil organizada seguiremos vigilantes de que el final de este proceso de selección se haga de acuerdo con las mejores prácticas, con transparencia y buscando nombrar a la persona más competente para el cargo.